- • Viajar en transporte público es apostar por una movilidad inclusiva, menos estresante y más segura para toda la población.
- • Adultos mayores se benefician con gratuidad en el pasaje: una política social que garantiza dignidad y equidad.
- • El uso del transporte público regulado reduce riesgos viales, mejora la calidad de vida y fortalece la cohesión social.
En Costa Rica, el transporte público regulado no solo representa una opción de movilidad: es un derecho fundamental que permite a miles de personas desplazarse con seguridad, accesibilidad y dignidad en todo el territorio nacional. Esta función social, consagrada en la normativa vigente y respaldada por políticas públicas de inclusión, constituye un pilar esencial para garantizar la equidad, especialmente para personas adultas mayores, estudiantes, personas con discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.
“El transporte público representa una herramienta de justicia social. Nos conecta, nos iguala y nos permite ejercer plenamente el derecho a la movilidad. Cada persona que elige el transporte colectivo contribuye al bienestar de todo el país”, señala el señor Rafael Herrera García, Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP).
El artículo 49 de la Constitución Política establece el principio de legalidad y derecho a una tutela efectiva, lo cual fundamenta que el Estado debe garantizar medios accesibles y adecuados para ejercer derechos fundamentales, como lo es el derecho a la movilidad. Además, la Ley N.º 7969, que crea el CTP, otorga al Estado la potestad de planificar, regular y fiscalizar el transporte público, para asegurar un servicio seguro, ordenado y solidario para todas las personas.
La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (N.º 9078) también establece condiciones de seguridad, prioridad de paso y uso adecuado de infraestructura para el transporte público, reconociendo su importancia en la organización vial nacional.
Uno de los grandes avances en materia de movilidad y justicia social en Costa Rica es el beneficio que reciben las personas adultas mayores, quienes pueden viajar gratuitamente en el transporte público de autobuses mediante la presentación de su cédula de identidad. Esta medida no solo representa un alivio económico, sino también un reconocimiento a los aportes de esta población, garantizando su derecho a desplazarse de forma segura y con respeto.
“La gratuidad para los adultos mayores es un reconocimiento que se realiza por el gran aporte a la sociedad por parte de este sector de la población, la cual fortalece su independencia y asegura su participación en la sociedad”, añadió el Director Ejecutivo del CTP, Rafael Herrera”.
Elegir el transporte público frente al uso del vehículo particular o la motocicleta representa una decisión inteligente y responsable. Las personas conductoras enfrentan diariamente altos niveles de estrés, saturación vial, consumo excesivo de combustible y mayor exposición a incidentes de tránsito, especialmente en zonas urbanas.
Por el contrario, el transporte público permite aprovechar el tiempo del traslado, reducir el cansancio mental y físico, y dejar en manos de profesionales capacitados la conducción responsable de las unidades. Esta diferencia es significativa cuando se trata de proteger la salud física y emocional de quienes se movilizan día a día.
El transporte público regulado no discrimina por condición socioeconómica, edad, género, discapacidad o ubicación geográfica. Desde zonas rurales hasta grandes centros urbanos, cumple una función vital: conectar vidas, generar oportunidades, facilitar el acceso a educación, empleo, salud y participación ciudadana.
En este contexto, es esencial subrayar que las personas con discapacidad también cuentan con una cobertura más amplia y segura cuando utilizan unidades del transporte público regulado. A diferencia de plataformas ilegales o no autorizadas, que no ofrecen ninguna garantía formal, los autobuses regulados por el CTP cuentan con seguros obligatorios de responsabilidad civil y accidentes personales que amparan tanto al conductor como a todos los pasajeros, sin excepción. Esta cobertura representa una red de protección real en caso de cualquier eventualidad durante el trayecto.
Además, los operadores autorizados están sujetos a normas de accesibilidad, supervisión y control continuo, lo cual contribuye a garantizar un servicio más inclusivo y respetuoso de los derechos de todas las personas.
Cada unidad de transporte que cumple con la regulación del CTP, cada operador capacitado, cada servicio puntual y seguro, es un paso más hacia una Costa Rica más inclusiva, solidaria y comprometida con el bienestar colectivo.
Licda. Adriana Castillo Gómez
Encargada
Proyección Institucional
Consejo de Transporte Público
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